Los puntos de extracción ilegal de agua de las zonas más críticas, identificados por primera vez sobre el terreno
Huelva, 6 de marzo de 2012. WWF lleva sus reclamaciones al terreno y presenta hoy el informe El Robo del Agua en Doñana, que recoge los casos más críticos, ubicando más de un centenar de extracciones ilegales de agua por medio de mapas y fotografías. El informe analiza el problema del riego ilegal a través de cinco zonas principales. La organización recuerda que, según la Junta de Andalucía, sólo en el área fresera de Doñana hay 1.000 pozos ilegales -2.000 según los propios regantes- y que tan sólo un tercio de la superficie regada cuenta con los permisos necesarios para el uso del agua.
La cabecera del arroyo de la Rocina, el arroyo de la Cañada, la zona de Matalagrana y la Laguna de la Madres y los Hatos son las cinco áreas críticas en el uso ilegal del agua en Doñana. Estas irregularidades se recogen en el informe El Robo del Agua en Doñana elaborado por WWF y en el que es posible ubicar los puntos de extracción ilegal de agua y visualizar las fotografías.
La organización presenta también una llamada a la acción en forma de aplicación interactiva que da la oportunidad a los internautas de denunciar esta situación a través de las redes sociales.
El documento de WWF incluye las investigaciones de campo realizadas por WWF en estas zonas, que dejan al descubierto la existencia de numerosas infraestructuras ligadas al ‘robo del agua’: pozos, balsas de riego, zacayones, tomas directas de arroyos y lagunas, etc.
Estas infraestructuras se usan para regar, en muchos casos, zonas forestales ocupadas o fincas de secano transformadas sin permiso, que se ubican dentro de áreas protegidas recogidas en el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), vigente desde el 2004. Una normativa que no ha servido para detener el “robo del agua” en Doñana.
La extracción intensiva –y en muchas ocasiones ilegal- del acuífero desde los años 80 está provocando situaciones tan significativas como la reducción de hasta el 90% de las descargas de agua a las marismas de Doñana. Tanto el uso ilegal del agua, como sus graves consecuencias ambientales son conocidos desde entonces, y así puede comprobarse en numerosos informes de la administración y de expertos y organismos internacionales como UNESCO.
Además, la extracción ilegal del agua crea una grave situación de competencia desleal entre los agricultores que cuentan con todos los permisos y los que lo hacen sin autorización y de forma gratuita.
WWF exige a las administraciones que pongan fin al “robo del agua” en Doñana, para lo cual la organización presenta once propuestas, tres de ellas urgentes:
Iniciar acciones legales contra las extracciones e infraestructuras ilegales (cierre de pozos, apertura de expedientes sancionadores…).
Elaborar un Plan de Extracciones del Acuífero.
Terminar y aprobar el Plan Especial de la Corona Forestal.
Además, WWF propone la aplicación de otras medidas de gestión y ordenación por parte de las administraciones públicas como acciones de ahorro de agua, concienciación de los agricultores y otras acciones como ayudas y etiquetas de calidad condicionadas al uso legal y eficiente del agua, mejora en los métodos de control, etc.
Para Eva Hernández, responsable del Programa de Aguas Continentales de WWF: “El robo del agua tiene unos grandes costes ambientales, sociales y económicos que superan con creces su supuesto beneficio económico. No se puede seguir permitiendo que unos pocos se beneficien de un bien público a costa de la destrucción de los ecosistemas y compitiendo ilegalmente con otros usuarios legales”. Y concluye: “Es urgente que la administración comience a actuar con decisión y asuma el reto de eliminar las prácticas ilegales e insostenibles en el uso del agua, ya que cuenta con las herramientas legales para ello”.
¿Qué es el robo del agua?
El agua es un bien público. El “robo del agua” es la extracción o el uso ilegal del agua, al margen de la ley y de cualquier planificación de los recursos hídricos. Es un robo que afecta a toda la sociedad porque contribuye a la degradación del medio ambiente y de los servicios que nos aportan los ecosistemas, y porque reduce la cantidad y calidad de este recurso para el abastecimiento a poblaciones y las actividades socioeconómicas. Provoca, además, una clara competencia desleal, ya que los usuarios legales se quedan sin agua mientras otros obtienen importantes beneficios económicos infringiendo la ley.
En España, como norma general, todas las extracciones que no superen los 7.000 m3/año han de ser comunicadas a la administración. Y todas las que superen esta cantidad han de ser autorizadas por la misma. Sin embargo, en España existen según el Ministerio de Medio Ambiente, al menos, 510.000 pozos ilegales de más de 7.000 m3/año.
En muchos casos, el “robo del agua” va acompañado de otras prácticas ilícitas, como la roturación no autorizada de zonas de monte público o la ocupación de terrenos en espacios naturales o dominio público hidráulico.
Sin lugar a dudas, el “robo del agua” tiene muy poco que ver con la satisfacción de las necesidades del conjunto de la sociedad, rompiendo los principios de igualdad y equidad, degradando los servicios que ofrecen los ecosistemas y beneficiando sólo al infractor, mientras los daños los paga la sociedad en su conjunto.
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Carmen Arufe | www.wwf.es
