Las ONG pedirán a la Defensora del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional la modificación de la Ley de Aguas por ser un riesgo para los ecosistemas

Madrid, 20 de septiembre de 2011. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España publican hoy una carta enviada el pasado 5 de septiembre a la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar. En este documento rechazan el cambio de la Ley de Aguas porque supone pasar el control del Dominio Público Hidráulico a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón y CataluñaEn la carta, las ONG denuncian las formas empleadas para esta modificación, ya que fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 26 de agosto por vía de extrema urgencia a través de un Real Decreto-ley[1]. Estas organizaciones cuestionan su urgencia y constitucionalidad, y llaman la atención sobre el riesgo que supone que las comunidades autónomas no actúen con determinación y objetividad en la protección del Dominio Público Hidráulico. Ante la convalidación del Real Decreto-ley en el Congreso el pasado 15 de septiembre, las ONG pedirán a la Defensora del Pueblo que recurra la modificación ante el Tribunal Constitucional.

Estas ONG consideran que, en lugar de hacer cambios parciales y precipitados, el Gobierno debería haber planteado una reforma profunda de la administración hidráulica. Esta petición se basa en que las estructuras y organizaciones actuales no se corresponden con los retos modernos de la gestión del agua, como es cumplir en forma y plazo los requerimientos de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Además, recuerdan que esta reforma hay que llevarla a cabo con serenidad y transparencia, con el máximo respeto hacia la sociedad civil, los usuarios del agua y la unidad de cuenca.

Según los grupos ecologistas, esta última legislatura ha sido nefasta en política de aguas, con numerosas y flagrantes infracciones de la normativa estatal y comunitaria en todo el país. Por ello, piden para la próxima legislatura que el Gobierno y las Comunidades Autónomas recuperen el tiempo perdido en los últimos años y den un salto cualitativo en la protección y buena gestión de los acuíferos, ecosistemas fluviales, humedales y aguas costeras, tal y como establece la Ley de Aguas y la Directiva Marco del Agua – creando, además, instituciones capaces de garantizarlo.

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Notas al editor:

1. Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio Internacional sobre el embargo preventivo de buques y se regulan competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico