Las ONG ecologistas exigen la eliminación del blindaje a las construcciones ilegales

Hasta ahora, si un particular o una ONG ecologista se animaba a recurrir una ilegalidad urbanística tenía que pasar por un largo proceso judicial y afrontar el coste del procedimiento (abogado, procurador, peritos, tasas si fuera el caso, etc.) y, en caso de perder, además había que añadir las costas (abonar los gastos de la parte cotnraria). Si se lograba una sentencia firme, debía enfrentarse a la ejecución de la sentencia y presentar un incidente de ejecución. El proceso se alargaba incluso más que el recurso y durante el cual la administración puede aprobar nuevas normas para legalizar lo declarado ilegal.

Este proceso hacía muy difícil la demolición, como han comprobado reiteradamente las organizaciones ecologistas. Pero ahora, con la modificación del artículo 108 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, todavía más. El artículo 108 establecía el régimen de ejecución de sentencias que declaran la ilegalidad de una construcción y ordenan la demolición, cuando el responsable es la administración. Tras su modificación, promovida por una enmienda del PSOE en el Senado, conseguir la demolición de un inmueble declarado ilegal se convierte en misión casi imposible. No será suficiente con una sentencia, éste tendrá que expresarse en los términos requeridos y será necesario asegurar la indemnización de terceros antes de acometer la demolición, aunque el nuevo artículo no indica quién debe prestar esa fianza ni hacerse cargo de las indemnizaciones.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que todos estos trámites solo servirán para complicar y alargar de forma desmesurada los procesos de demolición de obras ilegales, haciendo casi imposible que se lleven a término. Y esta imposibilidad de demoler las construcciones ilegales solo fortalece la sensación de impunidad de quienes vulneran las leyes urbanísticas, al tiempo que obstaculiza la lucha contra la corrupción.

Las ONG ecologistas instan a los principales partidos políticos a reformar de forma inmediata la norma en caso de formar nuevo gobierno.

Roberto Herreros | Prensa Ecologistas en Acción