La Eurocámara quiere acabar con las sustancias cancerígenas de los plaguicidas no agrícolas
El pleno del Parlamento Europeo ha propuesto una nueva legislación sobre comercialización y empleo de plaguicidas usados en los suministros de agua o los jardines para prohibir el uso de sustancias tóxicas que puedan perjudicar la salud o el medio ambiente, como las cancerígenas o las que afectan a la fertilidad y al sistema hormonal. Los utilizados con fines agrícolas quedan excluidos, pues ya están cubiertos por otra legislación europea.
No obstante, los eurodiputados han decidido mantener algunos productos altamente tóxicos que a veces son los únicos eficaces para proteger la salud humana, como los venenos para roedores. Aunque inicialmente barajaron restringir el uso de matarratas como el difenacoum, la propuesta fue rechazada por una estrecha mayoría. Asimismo, plantean flexibilizar los requisitos para sustituir las sustancias peligrosas por alternativas menos dañinas.
Por lo demás, el pleno ha reclamado un procedimiento de aprobación de nuevos productos centralizado para toda la Unión que debería entrar en funcionamiento de forma gradual. La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos será la encargada de estudiar las solicitudes para productos nuevos y de bajo riesgo a partir de 2013 y para el resto de los biocidas desde 2017.
Sin embargo, los Estados miembros podrán seguir decidiendo si utilizan o no los productos más peligrosos para la salud y mantendrán el derecho de imponer controles adicionales sobre el uso de las sustancias aprobadas a nivel europeo.
El PE también ha sugerido que, al igual que en la normativa sobre sustancias químicas (Reach), las empresas estén obligadas a compartir información de los experimentos con animales para prevenir la duplicación de ensayos.
Esta nueva legislación actualiza la normativa existente que regula el uso y comercialización de productos como repelentes de insectos o los químicos que se utilizan en el tratamiento de las aguas. Tras introducir enmiendas a la propuesta de la Comisión, es ahora el Consejo de Ministros quien deberá analizarla.
Fuente_Ecoticias
