El sector elécrico necesita una reforma
El agujero económico, social y ecológico del sector eléctrico hace urgente y necesaria una reforma del sector eléctrico, pero las medidas que baraja el gobierno no garantizan el beneficio de la población. Ecologistas en Acción considera que el sistema eléctrico debe reformarse para garantizar la promoción de fuentes respetuosas con el medio ambiente, la sostenibilidad social y económica, y la soberanía energética de las personas, de las diferentes regiones y del Estado.
Son alrededor de 24.000 millones de euros la cantidad que las empresas de UNESA, el oligopolio eléctrico español, reclaman a los consumidores en lo que se ha dado en llamar «déficit tarifario». Una cantidad que se ha ido acumulando especialmente a partir del año 2007, por el desajuste entre los costes regulados reconocidos por la Administración, especialmente a las empresas distribuidoras, y las cantidades recaudadas sobre la base de los peajes de acceso que establecía ella misma. Al mismo tiempo las empresas de UNESA, principales acreedoras de la deuda a través de sus filiales de distribución, generaban beneficios milmillonarios, superiores a dicha deuda, gracias a las actividades de generación, separadas fiscalmente por ley desde el año 1997.
El sistema implantado por la Ley del Sector Eléctrico en dicho año permite situaciones tan absurdas como que las compañías obtengan grandes beneficios y al mismo tiempo puedan reclamar grandes sumas de los consumidores. La regulación realizada en este sector ha servido para beneficiar a los grandes capitales en detrimento de la ciudadanía, en materia de capacidad de elección o de implantación de energías renovables. Lo intrincado de la legislación y del funcionamiento del sistema eléctrico, además, no facilita el acceso a la información y la comprensión de cómo y quién se beneficia del mismo.
Según Ecologistas en Acción la reforma del sector eléctrico es urgente para poner fin a la deuda que reclaman las eléctricas, pero también para diseñar un sistema más democrático y sostenible social y ambientalmente. La deuda que reclaman las eléctricas es falsa y por tanto ilegítima, y debe ser directamente anulada. Las fuentes energéticas más contaminantes deben computar los costes sanitarios, sociales y medioambientales, y deben desaparecer gradualmente, empezando por las más sucias y peligrosas, como son la nuclear, el carbón y el fuel, permitiendo de esta forma la transición hacia un sistema basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, y garantizando una transición justa en el ámbito laboral para las personas que trabajan en dichas industrias.
El sistema eléctrico liberalizado actual es una farsa, ya que se precisa una fuerte componente de control y de planificación de la generación y el consumo, el mercado está concentrado prácticamente en su totalidad en cinco empresas, y las dos terceras partes de la tarifa corresponden a actividades reguladas, lo que distorsiona fuertemente los precios.
Para Ecologistas en Acción un nuevo sistema debe, además, fomentar la soberanía energética, reducir la dependencia del exterior, y promover el autoconsumo a partir de renovables, para lo que resulta imprescindible que el ejecutivo, por ejemplo, deje de bloquear el balance neto, lo que supondría una reactivación del sector fotovoltaico, y sería beneficioso para la ciudadanía, aunque suponga oponerse a los intereses corporativos de UNESA.
Rodrigo Irurzun | Ecologístas en Acción
