NUEVAS RESTRICCIONES ECONÓMICAS PARA LA DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESES AMBIENTALES Y SOCIALES
Ecologistas en Acción considera que las últimas modificaciones de algunas leyes procesales incorporan nuevas medidas que intentan agilizar la justicia pero incluyen más barreras de carácter económico.
En el final de la legislatura, se ha aprobado la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal (BOE nº 245, 11-Oct-2011) que modifica varias leyes sobre procedimientos judiciales para intentar hacer frente a la subida exponencial de la litigiosidad, especialmente en el orden civil. Aunque algunas de estas medidas pueden ser aceptables por intentar simplificar los trámites procesales, otras, según la organización ecologista, tienen mucho más calado porque suponen una limitación más a la tutela judicial efectiva imponiendo barreras económicas anteriormente inexistentes.
Esta organización subraya que es especialmente grave para las asociaciones ecologistas en lo contencioso-administrativo, la ampliación de los depósitos para recurrir, la elevación del límite cuantitativo para acceder al recurso de apelación y al recurso de casación y, sobre todo, la introducción de la imposición de costas al recurrente que vea desestimado su recurso. Esta reforma de las leyes procesales supone encarecer y dificultar el acceso a los tribunales de las organizaciones sociales.
Las modificaciones suponen, además, una vulneración de los compromisos internacionales que obligan a España a velar por que toda persona tenga acceso a un procedimiento rápido establecido por la ley, que sea gratuito o poco oneroso, con miras a la revisión de la solicitud por una autoridad pública o a su examen por un órgano independiente e imparcial distinto de un órgano judicial.
Las modificaciones legislativas, según Ecologistas en Acción, van a implicar una seria limitación del acceso a la justicia de asociaciones ecologistas que hasta el momento vienen defendiendo precariamente los intereses colectivos de la sociedad, poniendo de relieve las auténticas arbitrariedades de los poderes públicos. Lejos de atajar las causas de la lentitud de la justicia, la ley 37/2011 refuerza una vez más las mordazas que se sufren en la denuncia de la ilegalidad. Las organizaciones ecologistas ya se encuentran con numerosos casos en los que a pesar de haber obtenido una sentencia que declara ilegal y anula un proyecto, se ponen trabas a la ejecución de dicha sentencia por haberse construido ya la obra. Son los casos de la M 30, de la M-501, del PGOU de Madrid o de la urbanización Marina de Valdecañas en Extremadura.
Para la organización ecologista, la agilización de la Justicia no puede hacerse a cambio de impedir a la ciudadanía el acceso a la justicia, ni pretendiendo hacer del Poder Judicial un coto reservado para conocer de los litigios que puedan surgir entre la élite financiera y política del país. En momentos como el actual en que la sociedad ha comenzado a mostrar su indignación con los privilegios de unos pocos cuyo mantenimiento se realiza a costa del esfuerzo de la mayoría, le será difícil justificar al PSOE medidas como las previstas en esta Ley que pretenden cargar con los costes judiciales a los ciudadanos y asociaciones que, para cumplir el deber de conservar el medio ambiente que les impone el artículo 45 de la CE, deciden denunciar ante los Tribunales los excesos y corruptelas en que incurre la Administración tal y como muchas sentencias han venido declarando con asiduidad en los último años. Medidas como las adoptadas en esta Ley supondrán un nuevo paso en la gran brecha que se está abriendo entre las instituciones y la sociedad.
Estas y otras muchas cuestiones relacionadas con la defensa del medio ambiente y una sociedad más justa y solidaria, serán debatidas y analizadas por expertos y representantes de la sociedad civil en el Congreso de Estatal de Ecologistas en Acción, que tendrá lugar en El Prat de Llobregat (Barcelona), del 2 al 4 de diciembre de 2001.http://www.ecologistasenaccion.org/article2011.html
