Ecologistas denuncian que el certificado PEFC avala la gestón forestal irresponsable

Las organizaciones ecologistas Greenpeace y Ecologistas en Acción han recibido con estupor la noticia de que la empresa auditora AENOR ha renovado el certificado PEFC [1] de gestión forestal «sostenible» a Silvasur, filial del grupo papelero ENCE, empresa que ha estado implicada durante el pasado 2009 en procesos de deforestación y degradación del paisaje en la Sierra de Huelva, incluidos espacios naturales protegidos por la Junta de Andalucía. 

 «El sistema de certificación PEFC, AENOR y Silvasur se están burlando del ciudadano. Pretenden engañar al consumidor y llamar sostenible a algo que es el ejemplo de lo que no habría que hacer», ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques y Clima de Greenpeace España. «Los compradores de papel y madera deberán identificar ahora al certificado PEFC con los irresponsables aterrazamientos llevados a cabo en la Sierra de Huelva donde se han eliminado cientos de ejemplares de alcornoques, madroños, brezos, etc., con importantes movimientos de tierra que han destrozado el perfil de las laderas y han alterado gravemente el recurso suelo y el paisaje».

A finales de 2009, las organizaciones Ecologistas en Acción y Greenpeace presentaron una reclamación [2] ante el sistema PEFC donde se exponían los incumplimientos de los estándares de gestión forestal que han permitido a Silvasur obtener este certificado forestal. Además, parte de las actuaciones denunciadas se localizaban en el interior en diversas fincas incluidas dentro del Paisaje Protegido de Río Tinto, de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), lo que concierne al hecho mayor gravedad. Hasta la fecha, Silvasur no ha respondido a ambas organizaciones, algo que para el sistema PEFC, según parece, es irrelevante.

«Si el sistema PEFC quiere que su sello se identifique con deforestación, ausencia de rigor y falta de transparencia es su problema», ha señalado Raúl Navarrete, de Ecologistas en Acción. «Lo inaceptable es que la Junta de Andalucía permita que se atente contra los espacios protegidos y que permanezca totalmente impasible».

El descrédito del sistema de certificación forestal PEFC se está produciendo también a partir de polémicas producidas en otras latitudes debido a la falta de rigor de sus estándares y la escasa transparencia de sus procedimientos. En Indonesia, donde no existen plantaciones certificadas PEFC, este sistema ha autorizado el uso de su logotipo a una empresa papelera, Asia Pulp and Paper, que está implicada en la tala de la selva tropical y la destrucción de bosques de turbera para suministrar madera a sus fábricas de papel.

Asia Pulp and Paper consigue que sus productos lleven el certificado PEFC ya que el 70% de la pasta de papel la importa de otros países que sí tienen plantaciones certificadas por este sistema. El otro 30% de la materia prima procede de «fuentes verificadas como no conflictivas», pero la propia empresa auditora de Asia Pulp and Paper reconoce que nunca ha verificado si ese 30% procede o no de la deforestación, de talas ilegales de la destrucción de espacios protegidos o de hábitats de especies en peligro de extinción [3].

«Dada la falta de rigor de este sello, cada vez es más probable que comprar un producto PEFC signifique estar colaborando con una gestión forestal irresponsable», ha concluido Soto.

Notas:

[1] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification, según sus siglas en inglés) es un programa internacional de reconocimiento de sistemas de certificación forestal que por su falta de rigor no cuenta con el apoyo de la sociedad civil.

[2] Los hechos también fueron objeto de una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente, que pese a archivar el pasado mes de marzo las diligencias informativas, se constataba la existencia de ocho expedientes sancionadores contra Silvasur abiertos por Agentes de Medio Ambiente de la Junta Andalucía. El fiscal en sus consideraciones resume que «ha existido un incumplimiento reiterado de las condiciones de la autorización concedida por la Administración Ambiental». La fiscalía también asegura «que se había afectado el hábitat del Águila Calzada» una ave rapaz incluida en el catálogo de especies amenazadas. Además, recoge partes del informe del SEPRONA donde se afirma que la actividad realizada «ha sido agresiva para el monte bajo existente» y que «se han producido claros incumplimientos del condicionado y límites de dichas autorizaciones, que a su vez son poco compatibles con la Legislación Ambiental». Por último, el Fiscal solicita a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que proceda «a la finalización de los expedientes sancionadores en curso», algo que la Administración andaluza todavía no ha hecho.

 

[3] http://www.greenpeace.org/espana/news/100706

Fuente_Ecoticias