Hasta ahora, si un particular o una ONG ecologista se animaba a recurrir una ilegalidad urbanística tenía que pasar por un largo proceso judicial y afrontar el coste del procedimiento (abogado, procurador, peritos, tasas si fuera el caso, etc.) y, en caso de perder, además había que añadir las costas (abonar los gastos de la parte cotnraria). Si se lograba una sentencia firme, debía enfrentarse a la ejecución de la sentencia y presentar un incidente de ejecución. El proceso se alargaba incluso más que el recurso y durante el cual la administración puede aprobar nuevas normas para legalizar lo declarado ilegal. Leer más